Las lluvias de las últimas semanas han ocasionado la pérdida de más de 70 vidas humanas y casi 21 mil damnificados en diversas regiones afectadas, según los reportes oficiales. La Contraloría General de la República exhortó a las autoridades de los gobiernos locales, regionales y nacional a adoptar de manera urgente las acciones pertinentes para atender las emergencias.
El contralor Nelson Shack Yalta señaló que, en los últimos cinco años, los fondos del Programa Presupuestal 068, destinados a reducir la vulnerabilidad y a atender emergencias por desastres, no han sido usados diligentemente: el Gobierno Nacional ejecutó el 74.9%, los gobiernos regionales el 62.3% y las municipalidades el 68.5%.
“Y si observamos el primer trimestre de 2023, el gasto a nivel del Gobierno Nacional es del 12.8%, mientras que los gobiernos regionales y municipales han ejecutado 11.6% y 5.9%, respectivamente”, detalló Shack Yalta.
Sanciones ejemplares
La inacción y falta de respuesta de los funcionarios y servidores públicos pueden ser sancionados hasta con la inhabilitación para trabajar en el Estado. El incumplimiento en una situación de emergencia —sea por no garantizar la prestación de algún servicio o respuesta oportuna, o dejar de actuar con diligencia— según indica la Contraloría son conductas que pueden ser sancionadas.
Al respecto, la Contraloría anunció que remitirá al Congreso dos iniciativas legislativas orientadas a garantizar la gestión pública durante estados de emergencia, una relacionada con la inaplicación de normativas, y otra que establezca que todas las entidades públicas dispongan del 1% de su presupuesto para el financiamiento en la prevención de desastres naturales.
Más de 200 colegios afectados por lluvias no reciben ayuda del gobierno
