Por: Mg. Ortelia Valladolid Bran, coordinadora de Incidencia y Desarrollo de Cutivalú
Según cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior de los casos registrados de trata de personas, el 92.4 % fueron mujeres. De este total, el 48,7% fueron víctimas de explotación sexual y el 13,7%, laboral. La principal forma de captación son las falsas ofertas laborales (44,2 %) mientras que el (48.7%) de los casos corresponden a niñas, niños y adolescentes.
Sobre el número de sentencias condenatorias por el delito de trata de personas, para el 2021 se registraron 72. Por otro lado, 2022 registró 76 sentencias por trata de personas. Sin duda hablamos de uno de los delitos más impunes del país. Sabemos también que el presupuesto asignado para la atención del delito es 0.12 céntimos por persona. Ello resulta muy insuficiente para atender este delito que, como sabemos, es muy agresivo, invisible y desconocido para muchas personas. Como consecuencia, esto genera injusticia para las víctimas; lo que se necesita es acción desde las instituciones garantes de derechos.
En el 2018 se promulgo la Ley Nº 29918, que declara el 23 de setiembre de cada año como el Día Nacional Contra la Trata de Personas. En su artículo 3, dicha ley establece la obligatoriedad para que las instituciones del Estado rindan cuentas sobre los avances evidenciados en el marco de la implementación de la actual Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de Explotación al 2030.
Sin embargo, en setiembre del 2023 se cumplieron 5 años y las y los ministerios no han rendido cuentas al Congreso sobre los avances contra la Trata. El Congreso debería ser la primera instancia en poner la alerta por el rol de fiscalización que tiene. Por el contrario, el 15 de marzo de este año, el Congreso aprobó un proyecto de ley que debilita la lucha contra la trata de personas.
La iniciativa busca que las autoridades no presenten informes y avances de la lucha contra la trata de personas ante el Pleno del Congreso. Mas bien, establece que solo lo hagan con la comisiones de familia y mujer y la comisión de justicia y derechos humanos. Así, se eliminaría la necesidad de que la o el Primer Ministro, las o los ministros del Interior y de la Mujer comparezcan ante el pleno del Congreso para brindar informes del delito.
Esta decisión limita la transparencia y el acceso a la información respecto de la justicia. Además, promueve el incumplimiento de funciones en un contexto donde este delito cobra más espacio y más vidas.
Desde Cutivalú ejecutamos el proyecto “tu vida no tiene precio, denuncia la trata”, con este trabajo buscamos que la población conozca del delito. Asimismo, capacitamos a lideresas lideres, autoridades, funcionariado y 6 instituciones educativas. En estos procesos surgen preguntas como por ejemplo ¿a quién le corresponde luchar contra este delito?, ¿quién vigila que se cumpla con la ley?
Nos preguntan ¿a quién le decimos que no hay justicia, que las denuncian apenas son registradas? Preuntan ¿a quién le decimos que la cantina sigue funcionando, que nuestras hijas o hijos desaparecen?, ¿a quién le decimos que la ley no se cumple? Entonces, ¿qué respondemos?
Quienes estamos en pie de lucha debemos insistir en que nuestras autoridades, elegidas para garantizar nuestro bienestar, reflexionen y se pongan una mano en el corazón.
Este comentario llegó gracias al proyecto «Tu vida no tiene precio, denuncia la trata» te invitamos a seguir leyendo nuestro próximo comentario.
