Por: Wilmer Fernández – Director de Cutivalú
Se abren tiempos convulsivos en nuestra patria. La semana pasada sectores importantes de la población comenzaron a movilizarse en la capital y otras ciudades del país. Hay un descontento general en la población con la clase política que gobierna el país. En el contexto de un marco legal aplastante de la movilidad social, la población se moviliza gradual y organizadamente en distintas partes del país y por diversos gremios.
Para la semana que viene ya se anuncian paros nacionales por los gremios de transportistas que demandan mayor seguridad en las calles con la derogatoria de la ley 32108 pro crimen organizado; huelga indefinida del Sutep desde el 16 de octubre en regiones como tumbes, Loreto, Ica y Arequipa, con las exigencias de mejoras salariales.[1] Se pide también la renuncia de Dina Boluarte.
Otros gremios se han sumado a estas movilizaciones, como los vendedores de mercados importantes de Lima. Hay un hartazgo en la población porque saben que los criminales no solamente están en las calles, sino en el palacio de gobierno y en el congreso de la República
Mientras tanto, el Congreso, como si estuviera contra el reloj, por insistencia del fujimorismo y sus aliados, acelera proyectos de ley como la tipificación de terrorismo urbano, los fueros militares para casos de policías y militares que cometan excesos contra la población y busca denunciar el Pacto de San José, para que los casos de violación de derechos humanos queden impunes en el Perú. El cerronismo, por su lado, busca limitar el control difuso de jueces, para favorecerse de los juicios que tiene el partido Perú Libre.
El Congreso tiene sus prioridades y esa agenda no contempla la derogación de la Ley 32108 sobre crimen organizado, pero sí busca segunda votación de una norma que los favorecerá en una demanda competencial en el Tribunal Constitucional (TC) para descomponer la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Además, las expresiones con desprecio sobre la población movilizada repiten la estrategia de estigmatizar a la población movilizada. Realmente, una clase política de espaldas a la ciudadanía. Una clase política que representa la antipolitica, una forma errática de hacer política, que no busca los intereses de la ciudadanía sino sus propios intereses. Una clase política que ha construido una cleptocracia, es decir, un gobierno de los ladrones para los ladrones.
La única vía para que se vayan todos es que toda la población salga a las calles protestando. La movilidad social. Ésta es un mecanismo de participación directa de la nuestra democracia. No queda otra vía. Los espacios democráticos fueron destruidos. Las instituciones defensoras de los derechos humanos se han puesto al servicio de las mafias de Fuerza Popular, Perú Libre, Podemos Perú y Alianza para el Progreso.
Estos partidos que no son partidos políticos tienen su propia agenda que no es la agenda del Perú. La Defensoría del Pueblo está al servicio del cerronismo y el fujimorismo, el Tribunal Constitucional, está al servicio del fujimorismo, Dina Boluarte está al servicio de Keiko. Las instituciones que deben velar por los peruanos y peruanas están al servicio de las mafias.
En este sentido, a la población le queda las calles, marchar pacíficamente. Y la policía debe cuidar a la ciudadanía. Si sus superiores dan ordenes de sembrar pruebas o maltratar a la gente pueden objetar. Debe primar su dignidad ética y moral, pues la conciencia es un foro que se defiende con acciones. El Perú es un país que ya no da más.
