El gobernador regional de Piura, Luis Neyra León, desestimó el pedido del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), entidad que recomendó la nulidad del proceso de licitación de las obras de pistas y drenaje pluvial del centro histórico de la ciudad, por incongruencias en el presupuesto.
La autoridad regional aseguró que la obra se llevará a cabo “sí o sí”, independientemente de los hallazgos en el informe de supervisión de la entidad estatal. En palabras de Neyra León, el OSCE, “lo único que hace es atrasar a los pueblos” y no entiende la urgencia de intervenir en el deteriorado centro histórico de Piura.
«Estas instituciones que traban lo hacen por quedar bien o cumplir con su trabajo, pero lo que no saben es que lo único que hacen es atrasar a los pueblos. El centro histórico es una obra de impacto nacional, no solo regional; cuando viene una persona de otro lugar, sea de Perú o del extranjero, ve todo esto una calamidad el centro, que tiene más huecos que la luna, y finalmente tenemos que intervenir sí o sí, así tengamos que repetir varias veces esto», dijo Neyra.
Además, afirmó que el proyecto se basa en un estudio realizado por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), y que el mismo está siendo respetado y mejorado para integrarse en el plan de drenaje pluvial integral de la región.
«Este expediente se ha hecho en base a las recomendaciones de un estudio de ARCC que le costó a Piura y que nosotros estamos respetando y mejorando para que luego se integre al plan de drenaje pluvial integral. Es importante», dijo.
INFORME DEL OSCE
El OSCE, mediante el informe D000114-2025-OSCE-SPRI, indicó que existen serias incongruencias en la elaboración del presupuesto de la obra, que asciende a S/113 millones. Las irregularidades apuntadas en el informe ponen en duda la transparencia del proceso, debido a discrepancias entre los montos consignados en los metrados y el presupuesto, lo que vulneraría el principio de transparencia en la contratación pública.
Ante ello, OSCE recomendó que el proceso fuera anulado y que se retrotrajera a la etapa de convocatoria para corregir estos errores. Tal como estipula la normativa, corresponde al gobernador de Piura tomar las acciones correctivas necesarias. Sin embargo, la autoridad regional declaró que el proceso continuará, lo que pone en duda la transparencia y la correcta ejecución de recursos públicos.
