
Funcionarios de la Dirección Regional de Transportes conformarían organización criminal que se dedicaría a tramitar de manera ilícita licencias de conducir.
La jueza del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Piura, Rocío Urraca Álvarez, ordenó la detención preliminar por quince días para 22 personas que presuntamente integrarían la organización criminal “Los Tramitadores de Piura”, a quienes se les atribuye delitos de criminalidad organizada, cohecho pasivo propio y cohecho activo genérico en agravio del Estado.
La mayoría de sus posibles integrantes fueron detenidos la madrugada de hoy, tras la autorización de la jueza, en un operativo a cargo de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado (Fecor) y agentes de la División Contra el Crimen Organizado (Divinco), el operativo se realizó de manera simultánea en Piura, Castilla, Veintiséis de Octubre, Chulucanas, Sullana y La Unión; operativo donde se allanó las viviendas de los detenidos.
Además, la jueza ordenó la visualización de la información que contengan los celulares, memorias telefónicas, tablets, computadores, anaqueles, armarios, entre otros bienes que fueron incautados durante el operativo.
Los detenidos son Manuel Jesús Lizana Paico (56), Francisco Jara Berú (60), Gilberto Távara Lizana (50), Luis Wilfredo Oliva Domínguez (63), Leovigildo Odar Carrión (58), Juan Carlos Balladares Jonde (58), Luis Alberto Gonzales Palomino (56), Raúl Eduardo Galo Rivas (60), Jesús Eca Paiva (54), Marina Chiroque Mendoza (62), Lupo Teofolfo Mezones Garcés (47) y Victoria Ramírez Córdova (57).
También se encuentran con detención Elver Viera Castro (51), Santiago More Ríos (53), Marco Antonio Asian Seminario (44), Alonso Daniel Gonzáles Eche (37), Lorgio Emilio Delgado Arrieta (55), Luis Alberto Burgos Caramantín (51), Gladis Echevarría (61), Juventino Huamán Tomapasca (58), Pedro Fidel Tavara Mendóza (44) y Juan Atoche Orejuela (55).
El plazo de la detención se sustenta en mérito a la Ley 30558, Ley de reforma del literal F del inciso 2° de la Constitución Política del Perú, donde establece que en los casos de delitos cometidos por organizaciones criminales la detención preventiva de los presuntos implicados puede ser por un máximo de quince días.