El especialista en derecho penal de la Universidad de Piura, Percy García Cavero, dijo que el gobierno central debe crear un sistema de prevención para evitar actos de corrupción en el manejo de los fondos de la reconstrucción.
A través de Cutivalú, García Cavero cuestionó que no exista un plan integral anticorrupción para fiscalizar el uso de los 20 mil millones de soles que se transferirá a los gobiernos regionales para la etapa de la reconstrucción.
Señaló que este plan debería basarse en las tantas normas y leyes anticorrupción con las que cuenta nuestro país pero que sin embargo no se aplican.
El especialista también explicó que en los últimos años, tanto para el sector público y privado, se ha desarrollado un mecanismo conocido como sistema de prevención de delitos en donde cada institución identifica las áreas en donde puede ocurrir corrupción.
Detalló que luego de detectar los riesgos, se hace una matriz de conductas de corrupción y establece diversas medidas como protocolos, códigos de conducta o sistemas de revisión que permitan reducir las posibles irregularidades.
Luego de ello, sostuvo García Cavero, se debe capacitar a los trabajadores y sancionarlos de incumplir las normas.
Recordó que ello ha dado buenos resultados, pues Siemens, una transnacional alemana, fue perseguida en su país y en Estados Unidos porque tenía una política internacional de pago a funcionarios públicos para colocar sus productos, pero al ser descubierta pagó una multa multimillonaria y se comprometió a realizar un sistema interno anticorrupción.
Percy García comentó que es difícil identificar los riesgos de corrupción y tomar medidas adecuadas, pero es un trabajo minucioso, disciplinado que se debe replicar en las instituciones públicas.
“Hay que ver quienes tienen decisiones, implementar mecanismos para evitar actos de corrupción. Por ejemplo quien hace la parte técnica no puede ser el quien hace el requerimiento”, aseveró.
En relación a la participación de las veedurías ciudadanas en el proceso de reconstrucción, el penalista sostuvo que no es vinculante, pero establecen mecanismos de inhibición.
Sin embargo, consideró que no deben convertirse en vinculante porque se generarán problemas operativos por no estar dentro de la administración. Refirió que se deben instaurar sistemas internos de denuncia, en donde el funcionario que denuncie un acto de corrupción de un compañero no sea visto como un traidor, sino como un héroe porque hace prevalecer el derecho y el valor.
