Pese a que el proceso de formalización de la minería informal e ilegal comenzó el año 2012 y duró dos años, en Piura ningún minero ilegal llegó a formalizarse.
Esta fue una de las revelaciones dada por la Defensoría del Pueblo que este viernes presentó el informe “Balance de la gestión estatal frente a la minería informal e ilegal en el periodo 2012-2014”.
El Defensor del pueblo, Eduardo Vega Luna, quien hoy estuvo en Piura presentando este informe, manifestó que en la región Piura se recibieron 2 mil 500 solicitudes para iniciar el proceso de formalización de la minería y de ellas ninguna ha logrado concluir con el proceso de formalización minera.
A nivel nacional, los mineros informales presentaron aproximadamente 70 mil declaraciones de compromiso como paso previo para su formalización. Sin embargo, hasta finales del año pasado, sólo 16 declaraciones de compromisos obtuvieron la autorización de inicio por parte del gobierno regional competente, beneficiando únicamente a 631 mineros que alcanzaron la formalización. Ninguna declaración de compromiso corresponde a la región Piura.
Vega Luna dijo que esta situación respondería, en parte, a que los gobiernos regionales carecen de personal especializado, logística y presupuesto para conducir el proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal, así como para supervisar y fiscalizar dichas actividades.
Al respecto, el Gobierno Regional de Piura reportó que el año 2014 únicamente destinó el 0,07% de su presupuesto para el cumplimiento de dichas funciones. Vega Luna dijo que se debe fortalecer presupuestalmente a la dirección regional de energía y minas que solo recibe el 0.07% del pliego presupuestal.
Además se requiere conocer el problema específico que tienen los que desarrollan minera ilegal en esta región para poder avanzar. Se requiere una mejora en el saneamiento de la propiedad y de las tierras agrícolas, enfatizó.
