Escriben: Roberto Jaramillo y Rolando Alvarado
La situación es crítica. El gobierno de Daniel Ortega y su señora Rosario Murillo ha ido cooptando todos los poderes del Estado, y el pueblo nicaragüense, ante esa falta de democracia, ha estallado en protestas populares.
El puntapié inicial fue el intento de reformar el sistema de jubilaciones. Después de una fuerte, múltiple y masiva reacción popular, encabezada por jóvenes universitarios, Ortega tuvo que retirar el proyecto. Pero ya la conciencia del pueblo estaba atenta y su estrategia de retirada no alcanzó a desmovilizar el deseo de justicia y democracia.
La represión a los estudiantes universitarios, y a la población en general que apoyó masivamente su legitima y constitucional demanda, reflejó la vocación antidemocrática y autoritaria de la pareja presidencial y de los seguidores del aparato gubernamental y político.
Hasta ahora hay 76 muertos, varios jóvenes desaparecidos, centenares de heridos y muchas personas encarceladas como resultado de la cruel represión cometida a través de fuerzas de choque paramilitares afines al gobierno y por los destacamentos antimotines de la policía.
Nicaragua: marcha contra el presidente termina con 16 muertos y 79 heridos
El reciente informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) fue claro: “La visión nuestra al llegar a Nicaragua era distinta a lo que vimos y luego de casi cinco días nos vamos con una visión bastante más grave de lo que pensábamos», dijo a periodistas la relatora especial Antonia Urrejola.
«Hay personas que se sienten aterrorizadas. Había mucho miedo de prestar testimonio a la comisión y las consecuencias y represalias que eso podía representar en sus vidas», dijo, aunque la delegación regresó con «maletas llenas» de documentación recabada.
La CIDH reveló «graves violaciones a los derechos humanos» caracterizadas por «un uso excesivo» de la fuerza pública y de terceros armados para reprimir las protestas; las recomendaciones de su informe preliminar no han sido aún asumidas y cumplidas por parte del gobierno.
Las recomendaciones de la CIDH:
- Suspender cualquier acto de represión
- Estado debe garantizar el derecho a la protesta
- Solicitan crear un mecanismo de investigación internacional
- Garantizar la seguridad de los manifestantes, en especial de los estudiantes y sus familiares y los defensores de los derechos humanos.
- Ofrecer garantías para proteger a quienes denunciaron represión y abstenerse de tomar represalias contra ellos
- Tomar medidas para investigar a los responsables de los actos de violencia y respetar las garantías del debido proceso para quienes están detenidos.
- Asegurar que los operativos de seguridad cumplan los estándares internacionales
- Desmantelar a los grupos parapoliciales y adoptar medidas para prevenir que sigan actuando
- Respetar la independencia de los medios de investigación
- Abstenerse de declaraciones públicas que estigmaticen a otras personas
- Sistematizar a personas atendidas en hospitales públicos y privados y publicar estos datos
- Investigar las denuncias de obstaculización en la atención de salud en los centros hospitalarios públicos
- Ratificar los instrumentos internacionales, en especial la Convención Interamericana sobre la desaparición forzada
- Mantener la apertura al escrutinio internacional, abriendo puertas para todos los órganos internacionales
- Comprometerse a implementar un mecanismo de seguimiento para verificar la implementación de las recomendaciones y programar un calendario para nuevas visitas de la CIDH
La Conferencia Episcopal Nicaraguense, en cabeza del Cardenal Monseñor Leopoldo Brenes, aceptó la solicitud del gobierno de hacer de mediadora y testigo en una «mesa de diálogo» que pusiera en marcha un proceso de justicia y democratización del país; para ello se convocó a sectores representativos y claves para el éxito de las negociaciones tales como: estudiantes, universidades, empresarios, organismos de derechos humanos y de la sociedad civil, organismos de iglesia y delegados del gobierno.
Durante la primera fase del diálogo el gobierno de Ortega y Murillo se mostró evasivo y mentiroso diciendo una cosa en las conversaciones (transmitido por medios y redes sociales) y haciendo otra: continuó reprimiendo al pueblo que expresaba pacífica y legítimamente su inconformidad.
En virtud de esa estrategia de doble cara, el irrespeto de una tregua pactada y al poco avance en la negociación, los obispos decidieron suspender las sesiones de la Mesa e integrar una Comisión mixta de representantes gubernamentales y de la Alianza civil por la justicia y la democracia.
Tres por cada una de las partes, con la finalidad de llegar a acuerdos mínimos. Asimismo denunciaron las amenazas y ataques a miembros de la Conferencia Episcopal, en especial a Monseñor Silvio Báez, y a sacerdotes y religiosas que han estado auxiliando y apoyando humanitariamente a las víctimas de la represión.
Pese a que el gobierno calificó de «ruta para un golpe de estado» la agenda presentada para hacer justicia y democratizar el país, la Conferencia Episcopal ha vuelto a convocar a una nueva ronda de dialogo, prevista para los próximos días. Mientras tanto, en lo que va de esta semana la represión se ha reactivado.
Se atacó a la universidad jesuita -UCA- con actos vandálicos para asustar a directivos, docentes y funcionarios, se tiró a matar (y de hecho murió un joven) se golpeó y apresó a mas de veinte universitarios de la UNI (Universidad Publica de Ingeniería), y el día de ayer, 30 de mayo, con ocasión de celebrarse el día de la madre, al finalizar una multitudinaria manifestación pacífica convocada en solidaridad con las madres de los asesinados -ellas encabezaron la manifestación- nuevamente operó la represión.
Fueron millares las personas que se refugiaron en la UCA, cuyas autoridades abrieron sus accesos ante los disparos a los manifestantes provenientes de francotiradores y el ataque de las «fuerzas parapoliciales» afines del gobierno. Hubo dos personas asesinadas entre los manifestantes y se atendieron numerosos heridos. Impactantes han sido las imágenes del ataque a la población indefensa que celebra y protesta pacíficamente.
Los Jesuitas de la Provincia Centroamericana junto con la Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina y el Caribe – CPAL,
- condenamos esa injustificada y brutal agresión a manifestantes que reclaman pacíficamente democracia, transparencia y justicia;
- expresamos nuestra solidaridad y compromiso con las víctimas y familiares de esta cruel represión;
- ratificamos nuestro total respaldo a la comunidad universitaria de la UCA que, fiel a su lema «solo la verdad los hará libres»,se ha sumado al clamor de justicia y democracia de la gran mayoría de los nicaragüenses, en particular de las juventudes y a su Rector el P. José Idiaquez;
- reafirmamos nuestro incondicional apoyo y servicio a la labor de mediación que ejercen los obispos nicaraguenses buscando una solución negociada pero siempre justa y democratizadora frente a la crisis del gobierno nicaraguense;
- hacemos un llamado urgente a los Organismos Internacionales, en particular a la OEA y a los gobiernos democráticos del mundo para exigir y respaldar la democratización del país ahora que los canales de diálogo están abiertos.
¡No hay que esperar a que más sangre sea derramada y no hay solución que no pase por el diálogo y la concertación!
Animamos a TODOS los actores y sectores, en particular a los jóvenes y a los representantes de las iglesias, a no ceder ante las estrategias del miedo y de la represión. No hay que salirse del diálogo y no hay que permitir que este instrumento sea inutilizado.
No hay que dejarse engañar por los discursos de una paz fundada en el silencio, la corrupción, el terror y la violencia; la paz verdadera se construye entre todos con verdad, transparencia y participación lo más amplia posible. Ella es fruto del encuentro entre la verdad y la justicia, garantía de libertad y reconciliación verdaderas.
