La cuestión de confianza planteada por el presidente Martín Vizcarra «es una reacción política adecuada que tiene sustento constitucional». Así opinó Pedro Cateriano Bellido, expresidente del Consejo de Ministros y exsenador de la República.
En diálogo con CUTIVALÚ, Cateriano cuestionó que en 40 días el Congreso no haya tramitado las urgentes reformas propuestas por el Ejecutivo, y por el contrario, la mayoría fujimorista (en alianza con el APRA) haya mostrado una actitud complaciente con el Ministerio Público y el Poder Judicial.
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En su opinión, ello dificulta la tramitación de las denuncias constitucionales contra el suspendido juez supremo César Hinostroza y el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.
Pese a ello, considera que el escenario más probable para el miércoles −día convocado por Martín Vizcarra para la legislatura extraordinaria− es que los parlamentarios no tenga de otra salida que otorgar lo solicitado para cumplir con lo que manda la Constitución y evitar que disuelvan el Poder Legislativo.
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“Todos los parlamentarios que han llegado por intereses personales o partidarios no van a soltar la mamadera, porque nunca más volverán a percibir el sueldo que ahora tienen ni a soñar con tener el poder político que ahora ejercen de manera abusiva. Es decir, sus intereses particulares los llevará cambiar rápidamente de opinión y otorgar la cuestión de confianza”, expresó Cateriano.
Asimismo, restó importancia a lo dicho por algunos congresistas fujimoristas y apristas que califican de golpista o inconstitucional la cuestión de confianza. “Mauricio Mulder es un férreo defensor de Alan García, que más se puede esperar de él. No hay que hacer caso a quienes pretendan negar algo que están obvio”, indicó.
Finalmente, dijo que hoy en día sería difícil que el fujimorismo pretenda vacar a Vizcarra porque no contaría con los votos suficientes. Además que, “a diferencia de Pedro Pablo Kuczynski, Vizcarra tiene el respaldo sólido de la ciudadanía, la misma que está llamada a salir a las calles para defender pacíficamente las reformas políticas y judiciales presentadas por el Ejecutivo”.
