La excongresista piurana Marisol Espinoza, fue expulsada de Alianza Para el Progreso, por el mismo presidente del partido, César Acuña, quien la acusó de “actuar de espaldas a las decisiones partidarias”.
Alianza Para el Progreso contempla en sus normas internas la prerrogativa para que el líder de la agrupación política pueda disponer la separación de cualquiera de los militantes.
La decisión tomada por el también dueño de la universidad César Vallejo fue motivada por el voto en contra de la exlegisladora al proyecto de adelanto de elecciones en la Comisión de Constitución, que dirigía la fujimorista Rosa Bartra. Asimismo, por su postura a favor de continuar con el cuestionado proceso de selección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional.
Otro de los factores que el líder de APP tomó en cuenta para la expulsión de Espinoza fue el respaldo que la exparlamentaria le dio a la iniciativa del aprofujimorismo para suspender al presidente de la República, Martín Vizcarra, luego de que este anunciara la disolución constitucional del Congreso el pasado 30 de setiembre.
Pero sin duda el punto culminante que motivó la salida de Espinoza de Alianza Para el Progreso fue la demanda de amparo que la excongresista presentó este último lunes ante el Poder Judicial para que un juez constitucional anule la decisión del presidente Vizcarra con la que disolvió el Congreso.
Alianza Para el Progreso evaluará los casos de los otros exparlamentarios que respaldaron la suspensión contra el jefe de Estado y se pronunciaron a favor de continuar con la cuestionada selección de los magistrados del Tribunal Constitucional.
Demanda de amparo
Espinoza considera que la decisión de Vizcarra de disolver el Congreso atentó contra su derecho para ejercer sus funciones como parlamentaria por ello presentó la demanda de amparo.
El recurso solicitaba que se regresen las cosas al estado anterior a la disolución del Congreso, y que «se disponga la restitución de mi condición de congresista de la República en representación de la región Piura, en estricta observancia, cumplimiento y acatamiento del mandato otorgado mediante elección popular por el periodo comprendido entre el año 2016 al año 2021”, según indica el documento.
(Fuente: La República)
