Hoy se cumplen 15 años de uno de los hechos más violentos que vivió nuestro país. El Baguazo, nombre que se le dio a la masacre que se originó muy cerca de la localidad de El Reposo, entre Bagua y Bagua Grande, dejó como saldo 23 policías, 10 nativos muertos, y un desaparecido.
El hecho inició con una serie de protestas 51 días antes al 5 de junio del 2009, cuando los pobladores amazónicos se atrincheraron en la zona denominada «Curva del Diablo«. Las comunidades de awajún y wampis estaban en contra de la política extractivista que ejecutaba en Amazonas el entonces presidente de la República, Alan García.
¿Por qué estalló el conflicto?
En los días cercanos a las protestas iniciales, el fallecido jefe de Estado había celebrado un tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos. En ese contexto, una empresa había ocupado territorio amazónico que se encontraba protegido. Esto detonó las protestas de más de 2 000 nativos awajún y wampis, quienes defendían sus suelos y el medio ambiente.
Con ello, las comunidades amazónicas iniciaron marchas y bloqueos. La carretera Fernando Belaunde Terry fue uno de los principales puntos de conflicto, pues fue bloqueada por 55 días por los manifestantes. Estos hechos generaron desabastecimiento de alimentos, combustible y ausencia de otros productos necesarios para los departamentos de Amazonas, Cajamarca, San Martín y Loreto.
El intento de desbloquear la carretera hizo estallar el conflicto. Más de 300 agentes policiales acudieron al punto para desalojar a los protestantes y retomar el acceso de la carretera, pero el uso de armas letales y bombas lacrimógenas sólo agudizó el problema.
El líder awajún Santiago Manuin resultó herido de bala por la policía durante este desalojo de la carretera. Esto encendió los ánimos de los nativos, quienes tomaron represalias, capturando como rehén al mayor PNP Felipe Bazán. Su cuerpo nunca fue encontrado.
Conforme avanzaba el conflicto, algunos indígenas resultaron muertos. Esto ocasionó que los manifestantes respondan tomando la subestación de bombeo N° 6 de Petroperú. Horas después de terminado el horror, fueron encontrados en este lugar los cuerpos de 10 policías.
Líderes indígenas acusados
Como parte de las investigaciones, los líderes indígenas Alberto Pizango y Santiago Manuin fueron acusados de ser los instigadores de haber impulsado a más de 2 mil nativos para que entraran en conflicto con la policía y generaran la masacre, conocida hoy como Baguazo. Sin embargo, después de 6 años de procesos judiciales contra estos dos líderes amazónicos, se determinó de manera unánime que no tuvieron responsabilidad en el conflicto.
El abogado de IDL, Juan José Quispe, defensa legal de 53 indígenas acusados, sostuvo en su momento que las pruebas contra los nativos nunca fueron determinantes. Señaló que sólo hubo presión política para hacer un juicio contra los manifestantes.
«No hay homicidio calificado si la causa de muerte es arma de fuego porque la prueba de absorción atómica realizada, que demuestra si uno accionó un arma de fuego, ha dado negativo en todos los acusados”, declaró Quispe en aquella fecha.
Los decretos del Baguazo
Las poblaciones nativas reaccionaron a los decretos legislativos que había promulgado el gobierno de Alan García, en el marco del TLC que se celebró con el país norteamericanop. ¿Qué especificaban estos decretos que provocó la furia de las comunidades amazónicas?
El primer decreto señalaba, específicamente, que solo la mitad de la población de una comunidad nativa podía decidir sobre la venta de un territorio comunal a terceros. Es decir, el gobierno alanista flexibilizó los parámetros para que las tierras sean vendidas con facilidad, con un margen de oposición menor.
El segundo decreto legislativo estipulaba que sólo el Estado decidía si se realizaba una inversión privada con propósitos extractivos, sin tomar en cuenta a las población de las zonas de impacto. De esta forma, se dejó de lado la consulta previa que debía responder la población amazónica, respecto de este tema.
Responsabilidad política
De acuerdo a investigaciones fiscales y procesos judiciales, la orden directa para proceder con el desalojo de los indígenas -sin mediar un diálogo- provino de toda una cadena de mando que alcanzó al propio expresidente Alan García Pérez.
De acuerdo a los abogados de los líderes amazónicos, los efectivos policiales actuaron por orden expresa la entonces ministra del Interior, Mercedes Cabanillas.
La responsabilidad política alcanzó también a Mercedes Aráoz, quien ocupaba el cargo de Ministra de Comercio Exterior y Turismo. Además, se inició investigaciones contra Yehude Simon, expremier del gobierno y al entonces jefe de Estado, Alan García.
