En respuesta a la creciente inseguridad ciudadana, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte implementó un estado de emergencia por el pasado 20 de septiembre en tres distritos del Peru: San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Sullana, con una asignación presupuestaria considerable de más de 230 millones de soles, según revela el Memorando N° D000566-2023-IN-OGPP.
A pesar de esta inversión, críticos, entre ellos especialistas y alcaldes, han señalado la medida no habría surtido efecto y, en pocas palabras, sería un fracaso.
El experto en seguridad ciudadana, César Ortiz, destaca que muchas de las propuestas hechas durante la implementación del estado de emergencia no se han cumplido, resaltando la complejidad de abordar un problema arraigado en causas sociales.
De acuerdo al memorando, se precisa que una parte significativa del presupuesto, aproximadamente 65 millones de soles, se destinó al Ministerio del Interior para fortalecer comisarías y equipos policiales. A pesar de estos esfuerzos, la población sigue preocupada por el incremento de los índices de robos, extorsión y sicariato.
Este análisis resalta la necesidad de replantear estrategias y abordar las raíces profundas de la inseguridad ciudadana para lograr un impacto significativo en la protección de la población.
Como se recuerda, el 15 de noviembre el ministro del Interior, Vicente Romero, anunció la ampliación del estado de emergencia por inseguridad ciudadana por 60 días a los distritos de Sullana: Bellavista, Marcavelica, Salitral Querecotillo, Ignacio Escudero, Miguel Checa y Sullana; así como, en los distritos de Lima: San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres.
Asimismo, el titular de la cartera del Interior reafirmó que la medida en Sullana ha dado resultados, ya que la tasa de robos, hurtos callejeros y homicidios ha bajado en 30 % en los distritos declarados con esta medida.
Con información de Infobae – Flor Herrera
