Cientos de comuneros de los asentamientos del km 980 , de la vía Piura-Chiclayo, llegaron hasta la sede de la Fiscalía de Castilla, en donde exigieron justicia por la muerte del comunero fallecido el pasado 8 de agosto, en el enfrentamiento entre policías y comuneros.
Los pobladores y damnificados, quienes desde hace más de cuatro meses salieron con lo que tenían puesto, pues el río se llevó todo lo que años les costó adquirir, hoy caminaron bajo el sol para exigir justicia y que las autoridades respondan por lo sucedido en los arenales que los acogen, y donde día a día deben sobrevivir pues el Gobierno habla de reconstrucción pero el futuro de ellos es incierto.
«Ya no podemos regresar a nuestras casas, todo quedó destruido, queremos calaminas para poder hacer nuestra casita. Vivimos recibiendo caridad, no hay fuente de trabajo, los cachaquitos nos llevaban comida», sostuvo María Isabel Flores Silva, damnificada de Cura Mori.
La movilización de los pobladores estuvo respaldada por la Comunidad Campesina de Catacaos, y la sociedad civil, entre ellos el comité «Reconstrucción si corrupción». Después de dialogar con representantes de la Fiscalía, caminaron por la avenida Sánchez cerro, y llegaron hasta la Pinacoteca Municipal, en donde pidieron hablar con el alcalde Óscar Miranda.
Miranda Martino salió a dialogar con los comuneros, que llegaron de diferentes partes del Bajo Piura. El alcalde se solidarizó con la situación que están viviendo y se comprometió a brindar apoyo técnico para que se realicen los trabajos topográficos en los terrenos donde viven , a fin de solucionar a la brevedad el tema que causó el enfrentamiento el pasado 8 de agosto.
Después de dialogar con el alcalde de Piura, los comuneros continuaron con la movilización hasta llegar a la Región Policial, en donde no fueron atendidos por el general Luis Bisso Pun, sino, por el jefe policial, Walter Cárdenas, quien les pidió esperar los 120 días que duren las investigaciones que ya ha iniciado la Fiscalía de Castilla.
Los terrenos de los kilómetros 975 y 980 albergan a más de 9 mil personas que fueron afectadas por el desborde del río Piura del pasado 27 de marzo. Los pobladores y damnificados se sintieron satisfechos por la movilización de hoy, esperan que en 120 días las investigaciones sean positivas, sostuvo el presidente de la Comunidad Campesina de Catacaos, Vicente Villegas.
Cabe mencionar que los terrenos del km 980, se encuentran judicializados por la Comunidad Campesina San Juan Bautista de Catacaos y otras empresas, y donde el pasado 8 de agosto hubo un enfrentamiento entre pobladores y policías.
FISCALÍA INVESTIGARÁ
Fiscalía de Castilla solicita 120 días de plazo para investigar los hechos que ocurrieron durante la intervención policial en los campamentos del Km 980 y que dejó como saldo un muerto.
Así lo informó el asesor legal de la Comunidad Campesina de Catacaos, Ántero Juárez, durante la marcha de los comuneros de los campamentos de la vía Piura – Chiclayo, por las principales calles de la ciudad.
El abogado detalló que durante este tiempo, la Fiscalía investigará lo sucedido aquel martes 8 de agosto en el que efectivos policiales intervinieron los campamentos, dejando como saldo un poblador muerto.
El asesor legal de la CC de Catacaos indicó que será el fiscal Manuel Sarmiento el que recopilará toda la información. Luego de ello, presentará la denuncia correspondiente.
Ántero Juárez agregó que el Ministerio Público ha solicitado que la investigación, por parte de la policía, esté a cargo de las áreas de Homicidios y de la Divincri, porque éstas no participaron de la intervención, y así tener mayor transparencia.
Por otro lado, el abogado Ántero Juárez sostuvo que el jefe policial de la Macro Región, Luis Bisso Pum, tendría que explicar ante las autoridades algunas presuntas irregularidades de esta intervención.
Como por ejemplo, el haber intervenido sin mandato judicial y sin la presencia de un fiscal. Asimismo, informó que días antes a la intervención, el general Bisso Pum se ha reunió con los comuneros y le dieron a conocer de la judicialización del terreno en controversia.
Finalmente, el abogado indicó que la autoridad policial deberá explicar por qué razones no dio a conocer de este hecho al Ministerio del Interior.
El fallecido era obrero de la agricola Santa Regina y salia de su centro de labores cuando fue baleado por la policia. Los incidentes sucedieron en el Km 975 ciudad de dios san pedro y no en el km 980 nuevo santa rosa, el dirigente javier giron tiene la personeria juridica de un llamado frente de defensa, los pobladores del abergue cristo viene donde era el maximo representante lo han responsabilizado de la muerte del joven obrero pues convoco a la marcha contra la agricola diciendo que si no iban el mismo les quitaria los terrenos que ocupan o si no los multaban y es por ello que en la ultima asamblea general del albergue cristo viene ha sido destituido de su cargo de presidente de albergue. Los pobladores de nuevo santa rosa km 980 en presencia del alcalde cura mori, la misma comunidad campesina de catacaos y sus dirigentes en julio del 2017 llegaron a una conciliacion extrajudicial con acuerdos entre ellos y la agricola santa regina siendo satisfactorios para ambas partes suscritos en un acta en el mismo local municipal asi como en ejecuciones in situ que se vienen dando desde entonces