El mundo despide al Papa Francisco como un gran líder moral, religioso y político, transparente, sencillo, en contraste a los gobiernos, cuyos líderes van destruyendo la institucionalidad planetaria que garantizaba los derechos humanos, esos líderes que han conducido a la humanidad a la guerra, explicitando descaradamente su egoísmo colonialista. Mientras tanto en el Perú nos gobierna una coalición formada por el Fujimorismo, Alianza para el progreso, Perú libre y sus aliados, que han cambiado a su favor la Constitución Política del Perú, dando leyes que favorecen la criminalidad y la impunidad.
Así tenemos más de 60 congresistas con denuncias fiscales, la presidenta Dina Boluarte y sus ministros, funcionarios/as, que esperan salir liberados de juicios por corrupción y por violación de derechos humanos. Han modificado a su favor todo el sistema penal para no ser tocados por la justicia, creando leyes para favorecerse a sus mismo y a sus allegados, han creado un estado que favorece la impunidad para los políticos delincuentes y para los criminales de la calle.
Así el Congreso peruano, liderado por Fuerza Popular, Perú Libre y Alianza para el Progreso, avanza en un plan descarado para blindar a la presidenta Dina Boluarte y a los parlamentarios frente a investigaciones judiciales. Este esquema, que busca garantizar impunidad hasta 2026 y más allá, manipula leyes y reglamentos para someter al sistema judicial, a los jueces y fiscales, vulnerando la democracia y el Estado de derecho.
Fuerza Popular, con su informe sobre el caso Rolexgate, no solo archiva denuncias contra Boluarte, sino que amenaza al Ministerio Público, insinuando sanciones contra fiscales que investiguen a la mandataria. Esta estrategia, respaldada por la propuesta de Patricia Juárez para suspender a fiscales y jueces con solo 50 votos, revela un intento de controlar la justicia.
«A los congresistas piuranos debemos pedirles cuentas cuando vuelvan a Piura. No debemos volver a darles el voto, para ningún cargo político»
Por su parte, Perú Libre, con el proyecto de José Balcázar, pretende que el Congreso bicameral elija a fiscales y jueces supremos, otorgando al Parlamento el poder de seleccionar a quienes podrían investigarlo. Alianza para el Progreso, liderada por María Acuña, avala denuncias contra fiscales supremos, debilitando aún más al Ministerio Público.
Estas maniobras, junto a la espera de un fallo del Tribunal Constitucional que podría limitar investigaciones a presidentes en funciones, consolidan un sistema donde la impunidad es la norma.
La ciudadanía no puede permanecer indiferente ante esta captura del sistema judicial y a la ruptura del equilibrio de poderes. Es hora de exigir transparencia, independencia judicial y un Congreso que rinda cuentas, no que se escude en el poder. El primer castigo ciudadano debe ser no votar por ningún congresista de Fuerza Popular, Perú Libres y Alianza para el progreso que haya tenido participación en este Congreso y Gobierno.
En segundo lugar, a los congresistas piuranos, cuyos votos han sido siempre de apoyo a la destrucción de institucionalidad democrática peruana y a favor de un estado permisivo y delincuencial, debemos pedirles cuentas cuando vuelvan a Piura. No debemos volver a darles el voto, para ningún cargo político. Que jamás toquen el estado y que la justicia les caiga encima por lo que le han hecho al país.
