Te presentamos el comentario de hoy
Por: Ortelia Valladolid Bran, coordinadora de Incidencia y Desarrollo de Cutivalú
Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Perú registró 21 mil casos de violencia sexual a menores de edad en el 2023. En este escenario, debemos resaltar la denunca interpuesta pública que hizo la profesora Rosmery Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún sobre los 524 presuntos casos de violencia sexual de docentes a escolares desde el 2010 hasta la fecha. De acuerdo con su denuncia, estos casos ocurrieron en la provincia de Condorcanqui, Amazonas.
De estos profesores sólo 111 han sido destituidos, 4 casos han caducado por cese temporal y 72 han sido absueltos. Es decir, no se evidencian sanciones por los crímenes cometidos. Es por ello que se ha apelado a los ministerios correspondientes. Sin embargo, y tristemente, sus respuestas dejen mucho que decir. Tanto el ministro de Educación, Morgan Quero, y la ministra de la Mujer, Angela Hernández, coinciden en que se trata de “prácticas culturales”.
Lo expresado por la y el ministro muestra la insensibilidad que hacen pensar en estos malos profesores dañando cruelmente a las niñas y niños. No son prácticas culturales de ninguna manera. Las violaciones sexuales son un grave delito y siendo dirigidas a personas menores de edad deberían atenderse de manera oportuna y con la celeridad que corresponde. Todo ello en el marco del principio del interés superior del niño; sin embargo, vemos todo lo contrario.
Sobre las “prácticas culturales», la Constitución Política del Perú en su art. 149 establece que las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, “con el apoyo de las rondas campesinas” pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el Derecho Consuetudinario. Esto, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. Se especifica que la ley establecerá las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial.
De acuerdo conla Constitución, de tratarse de “prácticas culturales”, el Estado representado por estos ministerios y muchas otras instituciones están en la imperiosa necesidad de velar por el bienestar de la niñez y todas las personas. Por el contrario, no deben solapar y tratar de justiciar la inoperancia de operadores, fortaleciendo mucho más la corrupción.
Piura no es ajena a esta realidad, por eso es necesario exigir el debido proceso de los casos y promover la cultura de denuncia. Las niñas y los niños están aquí y están ahora.
Este comentario llegó gracias al proyecto Mujeres trabajando por la igualdad, ejecutado por Cutivalú en consorcio con Flora Tristán. Lo financia la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) y con el soporte técnico de la Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AIETI).
Te invitamos a leer nuestro próximo comentario.
