Los comuneros que integran la Comunidad Campesina de Catacaos firmaron una acta de acuerdos con diversas instituciones públicas, como el Ministerio Público, CIPCA, la PNP, la Defensoría del Pueblo, para luchar por sus derechos y contra la criminalización.
Esta acción se llevó a cabo tras finalizar la Mesa ciudadana «El conflicto de tierras: un desafío para el desarrollo comunal en la Comunidad Campesina San Juan Bautista de Catacaos (CCSJBC)», el pasado martes 25. La reunión estuvo a cargo del Centro de Investigación Promoción del Campesinado (CIPCA) y Adveniat.
En el país, hasta julio del 2021, existe un total de 8.540 comunidades reconocidas, de las cuales 6.273 son comunidades campesinas y 2.257 son comunidades nativas. Esta información la dio a conocer Laureano del Castillo, presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES).
Durante la reunión, la presidenta de la Comisión de Defensa de la Comunidad, Diana Culupu Inga, resaltó la importancia de la creación de la central de rondas campesinas y ganaderos quienes hacen frente a las empresas.
Asimismo, dicha organización, impulsó la interposición de una demanda constitucional de Amparo ante el Juzgado Civil de Catacaos, debido a la posible vulneración de los derechos constitucionales a elegir y ser elegido de los comuneros en las elecciones de la Junta Directiva que se publicitó como ganadora en octubre de 2022.
Por su parte, Hipólito Yovera Yovera, presidente de la Central de Rondas Campesinas, informó que, actualmente cuentan con 15 bases de rondas campesinas; las cuales vienen luchando contra la criminalización que sufren, sobre todo, los comuneros de la CCSJBC en la lucha por sus tierras comunales.
«Me ha llegado una denuncia. Aquí tenemos seis personas procesadas, y lamentablemente, solo se tiene el número del caso, no sabemos que empresa nos denuncia. Tenemos que responder, tenemos bastantes procesos que afrontar».
Asistencia legal
En tanto, la especialista legal del CIPCA, Luciola Amaya Álvarez, explicó que desde su área se atendieron 17 casos de denuncias contra comuneros por diferentes delitos, como usurpación, secuestro, robo agravado, terrorismo, entre otros, los mismos que se archivaron. Sin embargo, existen dos casos en curso, uno por delito de usurpación y el otro que incluye a 42 comuneros por el delito de secuestro y robo agravado.
«Desde el proyecto Promoción de Derechos Humanos del Campesinado en los distritos de Cura Mori, El Tallan, La Unión, La Arena y Catacaos, el CIPCA brinda asesoría legal a comuneros criminalizados. Son muchos comuneros en lista, tengo 17, pero las denuncias se archivaron. Estás denuncias son por los delitos de usurpación de tierras y delitos muy graves, como secuestro, robo agravado, lesiones graves e incluso por terrorismo», precisó.
Asimismo, explicó que el CIPCA y el Ministerio de Justicia trabajan con los defensores públicos de Catacaos y Piura, cuando denuncian al comunero o se encuentra en investigación.
«En el CIPCA damos asesoría legal los lunes, miércoles y viernes de 9 a.m. a 12 m.m para estos casos de criminalización. Cuando los comuneros y defensores de derechos humanos son criminalizados y denunciados por defender sus tierras comunales», sostuvo.
Compromisos a favor de los comuneros
Entre las conclusiones pactadas en esta reunión, figura el compromiso del Ministerio público, para investigar cualquier denuncia interpuesta y realizar las diligencias preliminares necesarias para el esclarecimiento de los hechos.
La representante de la Fiscalía, Silvia Pacheco, explicó que si los ronderos de la CCSJBC se sienten víctimas de vulneración de sus derechos pueden acudir a la oficina de la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos a fin de realizar consultas o denuncias.
“En el marco de la Fiscalía de Derechos Humanos nosotros no conocemos las investigaciones contra los ronderos; sino cuando los ronderos en su calidad de defensores de derechos humanos son agraviados. En el Ministerio Público se ha dado un paso importante de defender los derechos de las personas que actuan en defensa de sus tierras”, precisó la funcionaria.
También está el acuerdo de la Dirección de Agricultura en otorgar constancias de posesión solo para efectos de agricultura, lo cual no significa propiedad. Además, la Defensoría del Pueblo ha solicitado información sobre la solicitud presentada a la Municipalidad Distrital de Cura Mori para el reconocimiento de la JASS, y se ha comprometido a evaluar la documentación presentada en el año 2017.
