Cuatro denuncias constitucionales contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, se encuentran en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales a la espera de que el presidente de ese grupo, César Segura (Fuerza Popular), cambie de postura y les dé prioridad. Las dos primeras ya tienen más de dos meses encarpetadas y dan cuenta de los presuntos vínculos de Chávarry con la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, así como una serie de supuestas infracciones a la Constitución.
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La última denuncia fue presentada el lunes pasado por el procurador anticorrupción Amado Enco, horas después de que Segura, alegando falta de quórum, levantara la sesión en la que le exigieron tramitar con celeridad el caso de Chávarry.
César Segura pidió licencia y no agendó denuncias contra Pedro Chávarry https://t.co/rhRAtxkZBs pic.twitter.com/j8HWgVl8aO
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Enco imputa al fiscal de la Nación y a los ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Iván Noguera Ramos, Julio Gutiérrez Pebe, Guido Aguila y Orlando Velásquez el presunto delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal.
Según la denuncia, Pedro Chávarry habría cumplido el rol de “asegurar el manejo irregular de los procesos fiscales” a favor de Los Cuellos Blancos. El caso se sustenta en confesiones de tres colaboradores eficaces e intercepciones telefónicas que revelan conversaciones entre Chávarry y el ex juez supremo César Hinostroza, detenido en España mientras se tramita su extradición.
Los congresistas Patricia Donayre (Peruanos por el Kambio), Wilbert Rozas (Frente Amplio), Gino Costa y Sonia Echevarría (no agrupados) adoptaron la denuncia para que cumpla los requisitos y sea admitida a trámite.
Cuatro bancadas exigen que se priorice denuncias contra Pedro Chávarry ► https://t.co/x0LzibyKBY pic.twitter.com/4ptBVPITtf
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La primera denuncia vigente contra Pedro Chávarry permanece en lista de espera hace más de 70 días. Esta fue presentada por Gino Costa el pasado 20 de agosto, por presunta infracción constitucional a los artículos 3, 39, 44 y 158 de la Carta Magna.
A diferencia de la denuncia que presentó Marco Arana (Frente Amplio), archivada por la Comisión Permanente el pasado 15 de octubre, esta imputa a Chávarry por el presunto plagio en su tesis de maestría y de irregularidades en su ratificación como fiscal supremo.
“Pero ni siquiera ha sido declarada procedente o improcedente […] Hay una renuencia de Fuerza Popular a levantar el blindaje a Chávarry”, dijo Costa.
Fujimorismo pone pretextos para blindar a Pedro Chávarry https://t.co/dPjjMyUi4Z pic.twitter.com/em4v9ctNVS
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Si la subcomisión la declara procedente, debe designar a un congresista que realice un informe de calificación. Luego, la Comisión Permanente le puede otorgar un plazo máximo de 15 días hábiles para las investigaciones. Tras ello, el informe final se someterá a votación en la subcomisión y en la Comisión Permanente, antes de pasar al pleno o archivar el caso. Todo el proceso puede dilatarse o acortarse por voluntad política.
La segunda acusación constitucional contra el fiscal de la Nación fue presentada por Gloria Montenegro (Alianza para el Progreso) el pasado 3 de setiembre, por presunta infracción a la Carta Magna y al Código Penal.
Montenegro incluye el informe elaborado por la fiscal del Callao Sandra Castro Castillo, quien vincula a Pedro Chávarry con Los Cuellos Blancos del Puerto.
“Esta denuncia es más completa. El informe de la fiscal es fundamental para la acusación constitucional”, dijo Montenegro.
Cuatro denuncias contra Pedro Chávarry se encuentran encarpetadas en el Congreso https://t.co/A0Y9pzdfr0
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Costa propuso a la subcomisión que su denuncia y la de Montenegro se acumulen, pero aún no obtiene respuesta. “Será más fácil tramitarlas e investigarlas que las del procurador, que involucran a más personas e implican un solo proceso para todos”, explicó.
Efectivamente, junto a Chávarry, Enco incluye en su primera denuncia a Tomás Gálvez Villegas, Víctor Rodríguez Monteza (fiscales supremos), Aldo Figueroa Navarro, Martín Hurtado Reyes, Duberlí Rodríguez Tineo y Ángel Romero Díaz (jueces supremos), por los presuntos delitos de tráfico de influencias, patrocinio ilegal y organización criminal.
“Una estrategia de Fuerza Popular, para complicar el caso, podría ser acumular las cuatro denuncias y seguir un proceso contra 11 personas. Ese es un peligro”, dijo Costa.
(Fuente: El Comercio)
