Por: Wilmer Fernández, director de Cutivalú
“Toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece”. Eso dice nuestra Constitución política de 1993, en su articulo 2, inciso 1. Esta afirmación constitucional define una de las prioridades que tiene la gestión pública peruana, una función primordial del político peruano y peruana: defender la vida en su integridad. Los que ahora están en el gobierno deben mínimamente saber que están allí para proteger la vida de los y las peruanas.
Sin embargo, esto está lejos de la realidad peruana. En medio de la crisis por la intoxicación masiva de escolares y el creciente aumento de la inseguridad ciudadana, la congresista Hilda Marleny Portero López, del grupo parlamentario Acción Popular, presentó un proyecto de ley que declara de interés nacional la «Semana Tradicional del King Kong».
«Los que ahora están en el gobierno deben mínimamente saber que están allí para proteger la vida de los y las peruanas»
Tenemos un Congreso que ante los problemas que atentan contra la vida de los peruanos y peruanas, están haciendo leyes triviales para que los homosexuales no entren en los baños de las mujeres, por decreto ley dan definiciones qué significa ser mujer, o por decreto ley dicen que el lenguaje inclusivo no debe ir más. Un congreso preocupado por disparates, menos por la vida de los y las peruana.
La semana pasada se ha hecho público las deficiencias de uno de los programas sociales más importantes del Estado peruano, el programa asistencial denominado primero Qali Warma y, luego, Wasi Mikuna, gestionado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). Entre el 2024 y el 2025 se han reportado más 250 casos de niños y niñas intoxicadas en varias regiones del país. No se trata de casos aislados, sino de deficiencias en el programa, ya sea por corrupción o por incapacidad de gestión.
«Las denuncias a Qali Warma entre 2024 y 2025 reflejan un patrón de intoxicaciones, corrupción y negligencia, que ni el cambio de nombre a Wasi Mikuna ha resuelto hasta ahora»
Las denuncias a Qali Warma entre 2024 y 2025 reflejan un patrón de intoxicaciones, corrupción y negligencia, que ni el cambio de nombre a Wasi Mikuna ha resuelto hasta ahora. Las investigaciones siguen en curso, y la presión pública crece para garantizar la seguridad alimentaria de los escolares. A eso se suma que la infraestructura de muchas de las instituciones educativas no está lista para albergar a los y las estudiantes.
Respecto a este grave problema llama la atención el silencio de instituciones como la Defensoría del Pueblo, el Congreso de la República, la Contraloría, instituciones hoy puestas al servicio de la impunidad para los delitos de los que hoy gobiernan el país. Tenemos un estado peruano representado por un grupo de políticos dirigidos por Keiko Fujimori, Cesar Acuña, Vladimir Cerrón, políticos que sobresalen más bien por frases propias de la imbecilidad humana más que del sentido común.
«El estado peruano tiene la función de garantizar, mínimamente, la vida de los peruanos y peruanas. Sino, que se vayan todos y todas y no los volvamos a elegir nunca más»
Es insólito escuchar decir a un congresista fujimorista que las mujeres no son aptas para las ciencias. Se parece mucho a lo que dijo otro congresista fujimorista hace unos años: “leer da alzheirme”. Otro fujimorista dijo en otro momento: “nosotros matamos menos”. Eso explica por qué tenemos congresistas legislando para vigilar quién entra al baño de mujeres o al baño hombres. No obstante, no son capaces de aclarar aún sobre la red de prostitución en el Congreso, ese tráfico de cambiar prostitutas por votos, esa red que implica denuncias de tráfico de personas para la prostitución.
La política es una actividad humana que organiza y promueve la producción, reproducción y aumento de la vida de los miembros de una comunidad política. La voluntad de vida es la tendencia originaria de todos los seres humanos. Todos y todas queremos vivir, y vivir en buenas condiciones, con calidad. El estado peruano tiene la función de garantizar mínimamente la vida de los peruanos y peruanas. Sino, que se vayan todos y todas y no los volvamos a elegir nunca más.
