Son 60 cambios hechos a la Constitución 1993. Y 22 están en marcha. Hay modificaciones ya aprobadas que van desde el retorno a la bicameralidad con trampas, hasta la mutilación encubierta del derecho fundamental al referéndum para reformas constitucionales. Incorporaron a la bicameralidad la reelección inmediata de los congresistas, algo que había sido eliminado de la Constitución, tras el referéndum del 2018. La reelección ahora será, incluso, de manera indefinida. Otro cambio incorporado es la eliminación de la cuestión de confianza obligatoria, lo cual, si bien tiene el respaldo de especialistas, tuvo que estar acompañado de otras modificaciones para garantizar el equilibrio de poderes, como la eliminación de la vacancia por la llamada permanente incapacidad moral. Y hay cambios en curso para borrar del mapa a los movimientos regionales y hacer lo mismo con la Junta Nacional de Justicia.
Nunca antes la Constitución sufrió tamaña cantidad de remiendas y por un Congreso cuya legitimidad está por los suelos. No son cambios a favor de la ciudadanía, sino que favorecen a las mafias, a los grandes grupos de empresas, a los mineros ilegales, a los taladores de bosque, a los grupos de criminales organizados. Los cambios realizados son para dar impunidad a los partidos políticos, favorecer la impunidad de políticos/as con acusaciones fiscales para que la justicia no los toque y seguir ellos postulando indefinidamente a cargos políticos.
Tomando las palabras de la Congresista Susel Paredes, podemos decir que la constitución que hoy tenemos se le puede llamar la constitución de Keiko Fujimori. Ya no es la constitución de Alberto Fujimori. La diferencia de la Constitución de Keiko está en que esta es más dictatorial. Preparan el camino para gobernar sin ciudadanía, copando todas las instituciones que garantizan el equilibrio de poderes. Quieren gobernar dictatorialmente.
Es importante resaltar dos elementos en estos cambios. En primer lugar, los grupos de congresistas que han hecho las inconstitucionales reformas de la Constitución, son los mismos políticos y políticas que pusieron el grito en cielo cuando otro grupo de congresistas propuso una Nueva Constitución. Congresistas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Acción Popular, Podemos Perú, Renovación Popular, Perú Libre, con una legitimidad de 5%, nos han cambiado las reglas de juego en el país. En realidad, han hecho una constitución a medida de Keiko Fujimori y todos los políticos/as con denuncias fiscales.
En segundo lugar, hay responsables de estos hechos inconstitucionales. No se puede reformar la constitución a fuerza de voto. Lo han hecho al amparo y complicidad del silencio de otros funcionarios como la Presidenta de la República, el Defensor del Pueblo, los miembros del tribunal constitucional, las fuerzas armadas y políticos escasamente democráticos. Los partidos de Fuerza Popular y Keiko Fujimori, Alianza para el Progreso y Cesar Acuña, Podemos Perú y José Luna, Acción Popular y sus dirigentes y Perú Libre con Cerrón, son responsables. Son responsables el defensor del pueblo, Josué Manuel Gutiérrez Cóndor, elegido ilegalmente como tal, los miembros del tribunal constitucional, presidenta Dina Boluarte y sus ministros que guardaron silencio ante el desarrollo del plan de Keiko. La responsabilidad debe ser penal, política e histórica.
