
La Federación Regional de Rondas y Comunidades Campesinas de Piura (FRRCCP) dio su respaldo a los ronderos de Ayabaca que marcharán en Piura este lunes 7 contra la presencia de la minera Río Blanco.
Así lo dio a conocer a Cutivalú Marcial Calle López, presidente de la FRRCCP, luego de realizar los trámites en la Subprefectura de Piura y obtener el permiso para la marcha por las calles de Piura y Castilla.
El dirigente recordó que con su marcha exigen que se respete la consulta vecinal del 2007, cuando el 95 % se mostró en contra de la explotación minera en las cuencas, páramos y bosques de neblinas.
Otra razón de su movilización es en contra del proyecto de ley Nº 1910 presentado por el congresista Luis López Vilela que busca la titulación individual de las tierras de las comunidades campesinas.
Agricultores de la región marcharán el lunes 7 de mayo por la reconstrucción
Calle López saludó que las juntas de usuarios del Chira, San Lorenzo, Alto, Medio y Bajo Piura y Sechura se sumen a la marcha porque consideró importante unir esfuerzos para que las demandas se cumplan con transparencia y con celeridad.
Cabe indicar que unos 5 mil ronderos de Ayabaca marcharán en Piura para rechazar el proyecto minero Río Blanco, según estimó el presidente de la Central Única de Rondas Campesinas de Ayabaca, Rubén Jiménez Carrión.
Por su parte, el coordinador regional de las Rondas Campesinas, Edilberto Neira Alberca agregó que ya gestionaron el permiso en la Municipalidad de Castilla, así como ante las autoridades de la Policía Nacional.
Neira indicó que para esta marcha también han pedido el apoyo a los representantes de las juntas de usuarios de los valles de San Lorenzo, el Bajo Piura y Sechura, ya que como agricultores también se verían afectados por la actividad minera en la zona.
Rechazó cualquier intención política a través de proyectos de ley que permitan favorecer la explotación minera por sobre la actividad agrícola en la región.
Como se recuerda, el proyecto Río Blanco se paralizó desde el 2005 por el rechazo de las comunidades campesinas. La minera fue denunciada por un conflicto con comuneros que dejó un saldo de 10 muertos y numerosos heridos.