Tras la dimisión de Alberto Otárola como titular del Consejo de Ministros (PCM), la presidenta Dina Boluarte ha designado a Gustavo Lino Adrianzén Olaya como nuevo presidente de la PCM.
Adrianzén, de 57 años, es un político de confianza para Boluarte. En 2023, fue nombrado representante permanente del Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington D.C., Estados Unidos, por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Graduado en Derecho por la Universidad de Lima y la Universidad de Alcalá de Henares en Madrid, España, Adrianzén es especialista en Derechos Humanos, con estudios en varias ciudades europeas y latinoamericanas.
Además, posee un máster en Administración y Gerencia Pública del INAP de Madrid y un Diploma de Administración Pública de la Universidad Complutense de Madrid.
Con una trayectoria en el Estado, Adrianzén ha ocupado cargos como procurador público del Ministerio de Defensa y abogado del Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Durante el gobierno de Ollanta Humala, ejerció como viceministro de Justicia y luego como titular de la cartera.
Adrianzén cuestionado
En febrero de este año, Adrianzén defendió la posición del Estado peruano ante la CIDH respecto al indulto de Alberto Fujimori, argumentando que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos no puede oponerse a ello.
«Esa es la posición que vamos a defender. Esa es la posición que el Estado peruano ha asumido. Después de la audiencia, la Corte IDH podría sentirse satisfecha. El gran temor, el Coco que nos han metido, es que la Corte IDH, en su informe anual, [señale] que el Estado peruano ha tenido esta discrepancia…», detalló.
Sin embargo, su participación en la audiencia de la CIDH en noviembre de 2023 causó controversia, cuando responsabilizó a los manifestantes de las muertes en protestas contra el gobierno de Boluarte.
«Ellos son los violentos, ellos son los que ocasionaron las muertes, ellos son los violentos», fue la iracunda respuesta del representante permanente de Perú ante la OEA.
En el 2015, Adrianzén, en su cargo de ministro de Justicia, enfrentó críticas por presuntas presiones a la procuradora Julia Príncipe en relación con investigaciones de lavado de activos que involucraban a la entonces primera dama Nadine Heredia. El Congreso lo interpeló pero renunció antes de la censura.
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