Escribe: Federico Chunga Fiestas
La libertad religiosa es un derecho humano que reconoce a cada persona la capacidad de profesar y de vivir individual y socialmente de acuerdo con la fe que la identifica y considera como verdadera.
En respeto a esa libertad, el Estado está obligado a garantizar que no existan obstáculos injustificados para que sus ciudadanos vivan su religiosidad. Dado que la religión es una experiencia personalísima, el Estado se encuentra obligado a tratar por igual a todas las religiones, independientemente de que la profesen muchas o pocas personas, e independientemente de que esas creencias puedan parecer absurdas o no.
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Eso significa que merecen igual respeto la religión católica, la protestante en todas sus manifestaciones, la mormónica, la judía, la hinduista, la islámica, las prehispánicas que, en sincretismo con otras religiones, sobreviven hasta hoy, la de los adoradores de extraterrestres, los animistas, etcétera, pero también las creencias no religiosas o antirreligiosas, como el agnosticismo, el ateísmo o sus equivalentes. El límite es que esta religiosidad, o la falta de ella, no vulnere derechos de otros o de la sociedad.
Se trata de un deber de tolerancia que deben cumplir los funcionarios estatales y cada uno de los ciudadanos, pero especialmente las iglesias, en particular aquellas que por ser mayoritarias suelen intentar imponerse en la vida de todo el país. En ese caso, la expresión religiosa se vuelve ilegítima, antidemocrática y violadora de otras libertades.
Ello ocurre cuando ideas estrictamente religiosas buscan ser puestas como fundamento de las políticas públicas y de las leyes, bajo el disfraz de razones jurídicas.
Lo vienen haciendo hoy mismo la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas cuando desde sus particulares catecismos buscan imponer que el ser humano inicia desde la concepción, por lo que no debe legalizarse el aborto; que los hombres y las mujeres tienen roles distintos por naturaleza, y que pensar lo contrario es ideología; que la educación sexual en el colegio lleva a los adolescentes al libertinaje sexual, y que por eso debe eliminarse del currículo escolar; que el matrimonio civil es solo entre hombre y mujer, y que en consecuencia, debe prohibirse el matrimonio gay por antinatural, y que Dios solo ha creado dos sexos, hombre y mujer, con lo que las personas trans no tienen derecho a su identidad sexual.
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Sin embargo, el Estado de Derecho debe responder a criterios jurídicos y no a creencias religiosas. Por eso debe asegurarse de que esas creencias se queden en el ámbito personal. Si una persona católica o evangélica cree que abortar a las cuatro semanas de embarazo es atentar contra la vida, o que dos hombres no pueden contraer matrimonio civil porque es antinatural, debe tener el derecho de vivir de acuerdo con esas creencias, pero jamás debe permitirse que pueda imponerlas a quienes no las comparten.
El sistema democrático ha sido creado justamente para impedir que en nombre de la religión se violen los derechos de otros.
