Escribe: Federico Chunga Fiestas
El régimen dictatorial de Nicolás Maduro, principal responsable de la crisis política, social y económica en Venezuela, ha generado un masivo éxodo de sus ciudadanos hacia destinos como Colombia y Perú, que ya han recibido cerca de un millón de migrantes, el primero, y de medio millón, el nuestro.
Se trata de personas que abandonan su país porque no tienen otra salida, para salvar su vida, su integridad, su salud, y otros derechos elementales, en el contexto de una inflación que hace que los sueldos más modestos no alcancen ni siquiera para cubrir una semana de alimentación básica. Como le ocurrió a muchos peruanos en los ochenta y noventa, se emigra también para mandar remesas que salven del hambre a los familiares que se quedan en el infierno madurista.
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Estas personas se trasladan a países cercanos con profundas carencias, como el nuestro, porque simplemente su falta de recursos apenas les permite trasladarse en transporte terrestre y muchas veces a pie, en travesías que, como se ha visto en los últimos días, pueden llegar a cubrir más de mil kilómetros de distancia.
Estamos hablando, entonces, de una crisis humanitaria de grandes proporciones que debe ser afrontada como tal por los estados afectados, pues pone en situación de peligro inminente a niños, niñas, adolescentes, ancianos, mujeres y otras personas profundamente vulnerables. En estos casos, todos los países tienen la obligación de garantizar a los migrantes sus derechos básicos, independientemente de si tienen documentación o no. Es una obligación que también deben cumplir los demás países cuando sean nuestros nacionales los que migran.
La inmigración, como todo fenómeno social, genera beneficios y perjuicios. Los beneficios son sustancialmente mayores en una sociedad libre como la nuestra, al aumentar el número de consumidores y enriquecerse nuestra cultura, como ocurrió con las inmigraciones chinas, japonesas, europeas, africanas, entre otras. Los perjuicios también existen en un país de gran informalidad laboral y afectan a los peruanos más pobres, subempleados o desempleados, pero deben ser corregidos por el Estado sin perjudicar su obligación de proteger a los migrantes.
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La xenofobia y la desinformación que grupos sin escrúpulos pretenden crear alrededor de este fenómeno debe ser combatido por todos los peruanos. La Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos son los principales llamados a contribuir a que se corrijan errores gubernamentales como exigir el pasaporte como requisito para el ingreso al país, y a evitar que se genere un nuevo foco de discriminación, esta vez contra ciudadanos extranjeros.
