Por: Oscar Altamirano, coordinador de Prensa de Cutivalú
Han pasado más de tres semanas desde que Julio Díaz Zuloeta asumió el Ministerio del Interior. Esto ocurrió luego de la censura y salida del cuestionadísimo Juan José Santiváñez. ¿Lo recuerdan? Desde su puesto de poder, usó e instrumentalizó el portafolio a su cargo para defender a la presidenta Dina Boluarte y desarmar unidades de investigación policial importantes en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción.
Sin embargo, con la juramentación de Díaz Zuloeta, se esperaban y requerían políticas que marquen un punto de inflexión, un trabajo verdadero para detener la criminalidad, una reducción en el sicariato y la extorsión. Nada de eso. Todo sigue igual, o incluso peor.
Uno de los cambios necesarios debió ser la renovación de los generales y coroneles que comandan cada región policial. Su permanencia da una clara idea de continuismo, de ineficacia y de inacción y lastre institucional. Simplemente, las medidas a implementar se vuelven vacías y sin resultados concretos.
«El jefe de esta Macro Región Policial es el general Manuel Farías. En tiempos de Santiváñez, Farías fue ratificado en el cargo, a pesar de no tener resultados positivos en materia seguridad ciudadana»
Veamos el caso concreto de la región Piura. El jefe de esta Macro Región Policial es el general Manuel Farías. En tiempos de Santiváñez, Farías fue ratificado en el cargo, a pesar de no tener resultados positivos en materia seguridad ciudadana durante su año de gestión en esta sede policial. ¿Qué cambios podíamos esperar de un ministro que no sabía absolutamente nada en materia de Seguridad Pública? Pues, ninguno.
Con el nuevo ministro del Interior, la decisión inmediata debió darse en la primera semana. Se debió ejecutar cambios sustanciales en las regiones con mayores índices de sicariato, extorsión y criminalidad organizada. Se debió oxigenar cada jefatura, a fin de renovar las estrategias y acciones contra el crimen organizado. Por el contrario, tenemos más declaratorias de emergencia que llegan sin presupuesto y sin propuestas concretas. Todo es con cargo al gasto institucional local.
El propio presidente de la Cámara de Comercio y Producción (CAMCO) de Piura pone el tema sobre la mesa, una vez más. Y es que la permanencia de generales y coroneles con un promedio bajísimo de resultados no da tranquilidad a una población que continúa muriendo. Y no, no hablamos de percepción, hablamos de números y cadáveres. Hablamos de cifras que van en aumento, de familias que continúan despidiendo a sus seres queridos por el sicariato y la extorsión.
«De acuerdo al Observatorio de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, la cifra de homicidios en nuestra región alcanza las 41 muertes«
De acuerdo al Observatorio de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, la cifra de homicidios en nuestra región alcanza las 41 muertes. Sí, 41 homicidios sólo de enero a marzo. Los mayores casos se presentan en Piura y Sullana. Y la policía, como siempre, llega con varios pasos por detrás. Siempre tarda. No hay inteligencia que combata los homicidios contra los piuranos. A nivel nacional, los homicidios se incrementaron en un 74% respecto al 2019, antes de la pandemia.
Y estas cifras no sólo son crímenes que, muchas veces, ni siquiera se resuelven. La economía del país se hunde por la extorsión y el sicariato. La inseguridad genera un costo económico de más de 30 millones de soles anuales, según datos de entidades como Redes y COMEXPerú. Esto es equivalente al 2.8% del PBI nacional. La inseguridad golpea directamente al bolsillo de los ciudadanos y ahuyenta las inversiones. Pero seguimos esperando políticas y estrategias en materia de seguridad ciudadana que nunca llegan.
«La inseguridad genera un costo económico de más de S/30 millones anuales, según datos de Redes y COMEXPerú. Esto es equivalente al 2.8% del PBI nacional. La inseguridad golpea directamente al bolsillo de los ciudadanos»
Alguna vez, el exministro del Interior sostuvo que la cifra de robos y asaltos había bajado. Mentira. No bajaron. Sólo es el tipo de criminalidad a la que migran los delincuentes. Eligieron dejar el robo de celulares y carteras para empezar a poner bombas en casas y negocios y hacer llamadas extorsivas desde los penales. Incluso, el tipo de crimen y la mente criminal evoluciona, pero de eso ni se entera la policía en nuestro país.
Hasta la fecha, el nuevo titular del MININTER no genera una política concreta en materia de seguridad ciudadana. Y hablamos de políticas que sean una solución, al menos, en el corto y mediano plazo. No políticas que se ejecutan fuera de la realidad, como la propuesta del Defensor del Pueblo, que pretende limitar el libre tránsito de un grupo específico de vehículos durante la noche. Como si la delincuencia fuera exclusiva de las motos lineales.
