El Poder Judicial llevará a cabo este jueves la evaluación del pedido realizado por el Ministerio Público para levantar el secreto de las comunicaciones de Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular. Esta solicitud se enmarca dentro de la investigación preparatoria contra el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, quien enfrenta acusaciones por presuntos delitos como atentado contra la conservación e identidad de objeto, encubrimiento personal y encubrimiento real en perjuicio del Estado.
La audiencia estará a cargo del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, dirigido por Juan Carlos Checkley, quien ha convocado a los representantes del Ministerio Público y de la Procuraduría para participar en la sesión.
La sesión tendrá el carácter de reservado y se realizará a través del aplicativo Google Hangouts Meet, desde las 2:30 de la tarde.
La medida, que impulsa la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, también incluye al propio Chávarry, sus exasesores Juan Duarte, Rosa Venegas, Aldo León, así como otros cuatro investigados.
Se hizo un requerimiento similar contra los excongresistas Jorge del Castillo, Daniel Salaverry, Rosa Bartra, Karina Beteta, Bienvenido Ramírez, así como contra los exasesores de Fuerza Popular Pier Figari, Ana Herz y Vicente Silva Checa y otras cinco personas.
La Fiscalía busca que las empresas de telecomunicaciones envíen el registro histórico de las comunicaciones de todas estas personas respecto al periodo comprendido entre el 1 de julio de 2018 al 31 de enero de 2019.
¿De qué se le investiga a Pedro Chávarry?
Pedro Chávarry, exfiscal supremo de Perú, está siendo investigado por el Ministerio Público por su presunta participación en el deslacrado y sustracción de documentos de su asesor Juan Duarte. Esta investigación se centra en un posible acuerdo entre Chávarry y la política peruana Keiko Fujimori, con el fin de obstruir las investigaciones del Equipo Especial Lava Jato.
Se le imputa a Chávarry el cargo de instigador en el delito de destrucción o arrancamiento de sellos o marcas puestos por la autoridad para conservar o identificar un objeto. Según la tesis fiscal, Chávarry habría promovido, determinado e instigado la sustracción de documentos de la oficina de su asesor como represalia por la medida de allanamiento y lacrado de dicha oficina.
