Los policías que intervinieron a los refugiados del km 980 serán sometidos a una prueba de absorción atómica para determinar quién de ellos usó su arma, informó el representante de la Defensoría del pueblo en Piura, César Orrego Azula.
“Hemos recomendado al Ministerio Público que las acciones fiscales se hagan con la mayor transparencia y celeridad para encontrar las responsabilidades”, indicó.
Como se recuerda, este martes se registró un enfrentamiento entre la Policía y pobladores del km 976 que reclamaban la presencia de la empresa Santa Regina en terrenos que aún están en litigio con la Comunidad campesina de Ctacaos. Producto del enfrentamiento varios policías y pobladores resultaron heridos, uno de ellos Luis Pasache Zapata, quien recibió tres impactos de bala y falleció tras agonizar en el Hospital Santa Rosa.
Orrego Azula hizo un llamado a la calma para evitar más violencia en esta zona e iniciar un proceso de diálogo. Informó que el personal de la Defensoría ha visitado tanto a los heridos en el hospital Santa Rosa y el Hospital Privado, como a los cinco detenidos en la comisaría El Indio. Estos últimos ya fueron trasladados a la Divincri para rendir su manifestación.
Asimismo, detalló que la Defensoría del Pueblo investiga los acuerdos entre la empresa Santa Regina y la comunidad campesina de Catacaos sobre el litigio que mantienen por unos terrenos y por los cuales se generó un enfrentamiento el último martes.
La Defensoría del Pueblo viene investigando los acuerdos entre representantes de la empresa Santa Regina y la comunidad campesina San Juan Bautista de Catacaos. Ambas partes mantienen en litigio un terreno en el km 976 de la vía Piura-Chiclayo, donde el martes por la noche una persona falleció por impacto de bala y diez resultaron heridas tras un enfrentamiento entre la policía y un grupo de damnificados instalados en la zona.
“Se habrían estado reuniendo días anteriores el alcalde de Cura Mori, la empresa Santa Regina y la comunidad campesina. Las actas de estos acuerdos todavía no han sido materia de conocimiento de la Defensoría porque las tiene el alcalde, con quien me estoy tratando de comunicar”, dijo a Cutivalú el representante en Piura de la Defensoría, César Orrego.
