Blindaje. Esta tarde, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso aprobó archivar la acusación contra la presidenta Dina Bolaurte, por el caso rolex. Fueron 10 votos a favor de archivar el caso rolex; 6 en contra y 2 abstenciones.
El caso corresponde a la investigación que solicitó el exfiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, contra la jefa de Estado, por cohecho pasivo impropio, al aceptar del gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, tres relojes rolex, un par de aretes de oro y una pulsera Bangle. El presunto intercambio se habría dado con decretos supremos que emitió el Ejecutivo, autorizando la transferencia de presupuesto apra esa región.
Salvavidas naranja
La decisión de la SAC a favor de Dina Boluarte se basó en el informe que emitió la congresista fujimorista Nilza Chacón. De acuerdo al informe entregado al grupo de trabajo, del 9 de abril, Nilza Chacón sostiene que la acusación del Ministerio Público no se enmarca en el artículo 117 de la Constitución política.
Este artículo sostiene: «El Presidente de la República sólo puede ser acusado, durante su período, por traición a la Patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral».
Por ello, el informe de Chacón señala que aceptar la denuncia del exfiscal Juan Carlos Villena iría contra el principio de legalidad.
«Considerando que la imputación no se enmarca dentro de estos supuestos y que la presidenta continúa ejerciendo sus funciones, formular acusación vulneraría el principio de legalidad que rige las actuaciones del Congreso», sostiene el informe de la parlamentaria fujimorista.
Sin embargo, Chacón deja de lado los argumentos legales presentados por el Minsiterio Público sobre el presunto delito de coecho pasivo impropio. Ante los cuestionamientos, aseguró que no hay ningún pacto entre el Congreso y el Ejecutivo.
“Hemos seguido todo el reglamento del Congreso. Se han hecho todas las audiencias. Pero el argumento jurídico, definitivamente, no lo contempla. (…) Pero, lamentablemente, tenemos un limitante. Tenemos pues el artículo 117″, declaró la legisladora de Fuerza Popular.
Persecusión
Por el contrario, el informe sostiene que podría denunciar al exfiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, por presentar una denuncia constitucional contra la jefa de Estado.
«El Congreso de la República podría evaluar si la Fiscalía de la Nación incurrió en infracción constitucional, por haber utilizado indebidamente su función para promover el procedimiento de una acusación constitucional expresamente indebida, coneventuales fines políticos», manifiesta el documento final.
Doble discurso
Pero el argumento que da Nilza Chacón a través de su informe choca con las decisiones del Parlamento en situaciones muy similares. Recordemos el caso de la denuncia constitucional contra Zoraida Ávalos, cuando era fiscal de la Nación.
Fue la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de este mismo Congreso quien inhabilitó a Zoraida Ávalos, por el delito de omisión de funciones. Esto, luego de que Ávalos decidiera suspender las investigaciones contra el entonces presidente Pedro Castillo, debido a la inmunidad que le otorgaba el artículo 117. Aquella vez, la SAC decidió que el artículo 117 de la Constitución no valía lo mismo que ahora para blindar a Dina Bolaurte.
Congresistas del pacto
Los congresistas que blindaron a Dina Boluarte, durante el debate de lla Subcomisión de Acusaciones Constituciones, fueron:
Nilza Chacón – Fuerza Popular
Víctor Flores – Fuerza Popular
Héctor Ventura – Fuerza Popular
Martha Moyano – Fuerza Popular
Jorge Montoya – Honor y Democracia
Luis Aragón – Acción Popular
Nelcy Heidinger – Alianza para el Progreso
Elvis Vergara – Acción Popular
Segundo Quiroz – Bloque Magisterial
Jorge Coayla – Juntos por el Perú – Voces del Pueblo
Con esta decisión, la interpretación que el Congreso hace a las normas mostrarían un presunto blindaje, según el contexto en el que se encuentra.
