Esta mañana, en una alejada oficina de Lima, ProInversión firmó el contrato de ejecución del cuestionado proyecto minero El Algarrobo, que se instalará en el sector de Locuto, en el distrito de Tambogrande. De esta forma, el gobierno pasó por encima de la decisión del pueblo tambograndino, quien 23 años antes eligió a la agricultura como su modelo de desarrollo.
Durante esta cuestionada presentación, el director nacional de ProInversión, Luis Del Carpio, insistió en que esta actividad minera garantizará fuentes de agua para el consumo humano y el sector productivo. Además, Luis Del Carpio señaló que este proyecto se desarrollará como minería subterránea y que no afectará la margen derecha del río Piura.
“Este proyecto abarca las concesiones mineras Tambogrande 4, 5, 9 y 10 con el yacimiento TG 3. En los últimos 2 años hemos trabajado intensamente con la comunidad junto con el Ministerio de Energía y Minas y Activos Mineros, para garantizar un entorno favorable. Este es un proyecto diferente y esto no afectará la margen derecha del río Piura. No requerirá reasentamientos y se desarrollará con minería subterránea permitiendo la convivencia con la agricultura. Antes de iniciar cualquier actividad minera se implementará un componente hídrico que garantizará fuentes de agua para el consumo humano y el sector productivo. Solo tras asegurar este beneficio para la comunidad y teniendo como base un acuerdo social, se avanzará con los estudios técnicos para el desarrollo del proyecto”, afirmó Del Carpio.
El ministro de Economía, José Salardi, argumentó que no dejar avanzar los proyectos mineros afectan la economía del país. Sin embargo, no mencionó la falta de licencia social para iniciar este proyecto. Del mismo modo, la autoridad ministerial aseguró que defenderá este proyecto para su ejecución.
“Y en realidad la gran conclusión es que frenar y bloquear un proyecto lo que la larga trae es que el Perú pierda, ¿no? Y que la población pierda y que también obviamente dejemos que nuestra riqueza esté ahí enterrada y no la aprovechemos al máximo, con todo lo positivo que ello puede traer. (…) Está más que claro que hoy, después de dos décadas de lo que pasó en Tambogrande, la población que está ahí asentada ha visto cómo la situación empeoró en vez de mejorar. Por eso, hay mucha expectativa por el proyecto, es un proyecto que como estado vamos a defender y sacar adelante, de manera conjunta, con el concesionario y de la mano con las autoridades locales y la población”, sostuvo el ministro de Economía.
Por su parte, el representante de la empresa Buenaventura, sostuvo que la primera parte de este proyecto es “construir” un acuerdo social sólido con las comunidades de la zona de influencia. No obstante, el mismo proyecto se firmó en Lima, a pesar de que este proyecto se ejecutaría en Locuto, Tambogrande.
“El Algarrobo es un proyecto clave para garantizar el acceso al agua en Locuto y Tambogrande. Antes del inicio de cualquier actividad minera, en esta primera etapa nuestra prioridad es construir un acuerdo social sólido con las comunidades y autoridades, basado en el diálogo y la confianza mutua, primer paso para consolidar nuestras relaciones y poder dar paso al proyecto hídrico, previo al inicio de las exploraciones mineras”, manifestó el representante de Buenaventura.
Dirigentes rechazan proyecto
El presidente del Centro Poblado de Locuto, Luis Alberto Cruz, manifestó su rechazo total a las acciones que viene asumiendo ProInversión y Buenaventura. ASimismo señaló que esta firma representa una falta de respeto del gobierno hacia los derechos de la población.
”El gobierno no está respetando los derechos y la decisión de un pueblo, que en varias ocasiones se le viene manifestando y haciéndole recordar que se debe respetar los derechos de la población. Ya tienen una consulta, se han hecho marchas, paros. En este último paro, pues contundentemente con un mar humano, se le dijo otra vez NO al proyecto minero. Pero, no sé qué está pasando con el gobierno que no escucha este mensaje importante de un pueblo. Porque nosotros, el pueblo, somos la voz de que se dé o no se dé este proyecto minero. Nosotros nos sentimos abandonados por el gobierno, por el tema de que aparte de que nos da la espalda, quiere pisotear los derechos de un pueblo”, reclamó Cruz.
Por su parte, el presidente de la Comunidad de Locuto, Winston Juárez, precisó que iniciarán acciones legales contra ProInversión y la empresa minera, para detener el avance de este cuestionado proyecto.
“Siempre le hemos dicho al gobierno que nosotros no queremos ningún proyecto minero dentro de la zona, pero lejos de ello, el gobierno lo que hace es ir a esconderse en cuatro paredes a Lima y firmar los contratos a espalda de la del pueblo. Hagan lo que hagan, firmen lo que firmen, nosotros nunca vamos a ceder a esas pretensiones y vamos a estar más unidos, para poder defendernos ante este autoritarismo que ellos quieren imponer dentro del gobierno peruano”, señaló Juárez.
Así también, Juárez remarcó que en los próximos días se concretará una huelga macroregional, para rechazar este proyecto.
“Estamos trabajando ya acciones legales para poder anular estos estas pretensiones, concesiones mineras. Ellos (ProInversión y Buenaventura) se tienen que ir a esconder y, al parecer, así como van, también tendrán que hacer su proyecto minero en Lima, porque acá en Tambogrande no lo van a poder realizar. Ya nosotros ya estamos coordinando para lo que es el paro macro regional. Entonces yo creo que más adelante va a seguir esa acción para que el gobierno sienta, pues y ya no vamos a a hacer un paro pues de 24 horas, de 12 horas. Yo creo que deberíamos irnos ya a un paro indefinido para que el gobierno aprenda de que acá se tiene que respetar nuestros derechos”, advirtió el presidente de la Comunidad de Locuto.
Una firma en cuatro paredes
Cabe destacar que a pesar de que la zona de influencia del proyecto El Algarrobo sería en la zona de Locuto, en Tambogrande, la firma entre la empresa y ProInversión se realizó en Lima, donde participaron únicamente funcionarios de gobierno.
El acto protocolar tuvo como participantes al propio ministro de Economía y Finanzas, José Salardi; al director nacional de ProInversión, Luis Del Carpio; a la congresista fujimorista Rosángela Barbarán, como presidenta de la Comisión Multipartidaria de Proinversión del Congreso. También estuvieron el gerente general de Activos Mineros, Antonio Montenegro; y representantes de la empresa minera Buenaventura.
