Un promedio de tres mil niños y niñas que viven en albergues tras el desborde del río Piura, están expuestos a situaciones de peligro y violencia, advierte la coordinadora de protección de la ONG Save The Children, Sara Diestro, quien aseguró que en los campamentos de San Pedro y San Pablo hay una mínima organización de la comunidad para cuidar a los niños.
Resaltó que no se dan abasto y muchos de ellos deben caminar del albergue al Bajo Piura en donde está su lugar de origen, y los riesgos son grandes. Por ejemplo, se ha visto que las noches hay incursión de motocicletas cuyos conductores llevan pasamontañas y los cierres de las carpas ya no sirven.
Asimismo, advirtió la división de la familia por el tema de la tierra, es decir los niños y adolescentes quedan en su espacio de origen y los padres en las carpas o viceversa, sin embargo, los menores duermen solos, hay una situación de abandono quizá no es percibida o entendida como riesgo, y se coloca en peligro a los niños.
Sara Diestro detalló que el enfoque de protección, cuando se instala un albergue, debe tener en cuenta la colocación y ubicación de los baños y servicios básicos, sin embargo no se piensa desde el niño, sino desde el adulto, y de una relación más física.
“Aquí no se toma en cuenta si el niño está en riesgo, si es que debe caminar muchas horas por sitios despoblados para llegar a la escuela. En situaciones de desplazamiento el derecho a la protección no es cuidado y en ocasiones hay situaciones que pone en peligro su situación”, aseveró.
Sara Diestro recomendó que además del enfoque de protección se debe tener el de género, pues son las mujeres quienes lideran muchas de estas tareas de cuidar los albergues.
Detalló que las mujeres son las que más responden a la emergencia y sostienen la recuperación, ya sea en las ollas comunes, las carpas, el cuidado de los hijos; mientras que los hombres son los encargados de buscar los medios de vida.
“Ello debe verse antes de la emergencia, las condiciones de las mujeres, niños y adolescentes, pues no están atendidas por el Estado y por otras organizaciones que deben velar sus derechos.”, enfatizó.
Informó además que se ha instalado una mesa de protección conformada por instituciones públicas, privadas y cooperación internacional en donde la perspectiva es que el Estado la lidere para brindar protección ante la demanda de la ciudadanía. Por ello la necesidad de su incidencia, sostenibilidad y permanencia.
